Urgen las medidas para desacoplar el crecimiento económico de las emisiones
Con este panorama, la Ley que propone el gobierno es atrevida y firme, dispuesta a atacar el cambio climático con políticas decididas, poniendo en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático.
¿Qué implicaciones puede tener el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático?
Comento 10 aspectos que me parecen relevantes:
1. Objetivos de reducción a 2030 y 2050, revisables al alza. Para 2030 se proponen unos objetivos de reducción del 20% respecto a 1990, 35% de energías renovables y mejora de la eficiencia energética en un 35%. Para 2050, la reducción de emisiones propuesta es del 90%, con un sistema eléctrico basado en renovables. Para ello se elaborarán Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y una Estrategia de Bajas Emisiones a 2050, revisable.
Alcanzar estos objetivos implica grandes cambios en la generación de energía, el transporte y la edificación, entre otros, lo que generará una transformación de las soluciones actuales y, por tanto, nuevas oportunidades de negocio.
2. Apuesta por las renovables. El gobierno licitará durante el periodo 2020-2030, un mínimo de 3.000 MW de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable o equivalentes. Prima la energía renovable, con prioridad en el acceso y conexión a redes de transporte y distribución del sistema eléctrico.
Se propone, por tanto, un marco predecible y estable que incentive la inversión en renovables, en un contexto de costes actualmente muy competitivo.
3. Bloqueo y desinversión en combustibles fósiles y apuesta por combustibles renovables. Se paralizan las exploraciones de petróleo, y el fracking. Las concesiones de explotación vigentes no podrán prorrogarse más allá del 2040. Se prohíben nuevos subsidios a las combustibles fósiles y se apuesta por la desinversión de las Administraciones Públicas en activos fósiles. Por el contrario, se apuesta por combustibles renovables como el biometano, el hidrógeno u otros procedentes de materias primas renovables. Se lanza un mensaje de apoyo al biogas, con la posibilidad de incorporarlo en la red de gas natural y la creación de un sistema de certificados de origen renovable. Se apuesta porque el Gobierno establezca objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte aéreo.
Todas estas medidas dan muestras al mercado del desinterés en combustibles fósiles a largo plazo y la apuesta por los combustibles renovables y el biogás.
4. Clara apuesta por la movilidad sostenible y el coche eléctrico. Se proponen turismos sin emisiones para 2050, con la prohibición para 2040 de la venta de turismos de gasolina diésel e híbridos. Los municipios de más de 50.000 habitante deberán considerar zonas de bajas emisiones y priorizar el trasporte a pie o en bicicleta y el transporte público y privado eléctrico. Se fomentarán los puntos de recarga, obligando a las gasolineras a instalar puntos de recarga eléctrica de origen renovable.
Aunque es una medida controvertida, donde el sector del automóvil se ha escandalizado y los ecologistas piden más, muestra como debería avanzar la movilidad del futuro, eléctrica y compartida.
5. Impulso de la edificación sostenible. El Gobierno fomentará la renovación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar edificios de alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, garantizando la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de al menos 100.000 viviendas al año de media entre 2021 y 2030. Para ello desarrollará una Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación.
El potencial en la edificación es enorme, pero entre todos habrá que educar y sensibilizar al consumidor, que en muchos casos tiene la última palabra.
6. Planes de adaptación. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático desarrollado por programas de trabajo y planes sectoriales.
Se profundiza poco, aunque es un tema importante a considerar a nivel corporativo, sectorial y territorial para prevenir los efectos que el incremento de temperatura sin duda va a provocar.
7. Preocupación por la Transición Justa. Se desarrollará una Estrategia de Transición Justa revisable cada 5 años, abordando colectivos y territorios vulnerables, oportunidades de la transición y Contratos de Transición Justa, incluyendo la variable de género.
En esta transición, como en cualquier revolución industrial, habrá ganadores y perdedores. Proteger a los colectivos más vulnerables es una obligación ineludible.
8. Se menciona la fiscalidad ambiental como instrumento que incentive una economía baja en carbono y que permita internalizar los costes medioambientales.
La ley no avanza muchos detalles en este aspecto. La fiscalidad en Dinamarca representa un 4% del PIB. No se trata solo de nuevos impuestos, sino de impuestos diferentes que puedan incentivar comportamientos más sostenibles.
9. Se aportan recursos públicos. Un 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, con revisión al alza. Además, se utilizarán los ingresos de las subastas de derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. Se menciona también el papel ejemplarizante de la administración y se incorporan criterios de compra verde en los pliegos de contratación pública.
La UE ha cifrado en más de 500 millones de euros anuales las inversiones sostenibles necesarias. En España, además de recursos públicos, debemos ser capaces de acceder a fondos europeos (H2020, LIFE, …) y movilizar capital privado de bancos e inversores que apuestan por inversiones con impacto.
10. Nuevos requerimientos de información sobre los riesgos de cambio climático. Se proponen nuevos elementos de transparencia: i) una taxonomía sobre cambio climático y sobre actividades medioambiental y socialmente sostenibles; ii) la inclusión de elementos de sostenibilidad en los test de idoneidad financieros; iii) obligación a los inversores institucionales y gestores de activos para divulgar cómo integran la sostenibilidad en sus procedimientos de toma de decisiones de inversión; iv) obligaciones a las empresas cotizadas de emitir un informe anual sobre la estimación de riesgos financieros asociados al cambio climático, etc.
El gobierno asume muchas de las recomendaciones del Task Force for Climate Disclosure, de la regulación francesa para gestores de fondos y de la nueva Directiva de información no financiera. Refuerza así con la regulación, la tendencia imparable hacia una mayor transparencia de los temas ESG (Environmental, Social & Governance).
En resumen, se abre una oportunidad para aprovechar la revolución de la transición energética y las oportunidades que de ella se derivan. La Ley de Cambio Climático propone un marco estable y predecible para impulsarla. España debe aprovechar esta revolución industrial verde antes que otros. La mejor transición económica es la transición verde.